Columna: Un cambio cultural en la administración pública boliviana
La acumulación de conocimientos y experiencias es lo que nos permite crecer, es lo que nos hace buscar, crear y desear nuevas cosas; la voluntad del ser humano es la locomotora que avanza transformando todo lo que encuentra en su camino. Además, si de números se trata, es evidente que en el mundo de ayer, el índice de esperanza de vida era absurdamente inferior al que tenemos actualmente, hoy vivimos en un mundo menos violento, con menos pobreza y hambre que en el siglo pasado. Aunque pareciera lo contrario porque vivimos en un mundo globalizado y conectado, a diferencia de antes, donde las personas no tenían acceso a esa información.
En este sentido, Bolivia no ha quedado al margen del crecimiento y progreso, aunque no a la velocidad que quisiéramos. A excepción del sector público o la administración pública, que aún mantiene prácticas que provienen desde la época colonial, como el autoritarismo, el paternalismo y el centralismo. Gabriel René Moreno, en su época ya había escrito sobre la inclinación de los políticos bolivianos a “corromper y ser corrompidos” y como dice H.C.F Mansilla, esto no ha variado mayormente en el presente. No se puede negar que existe el pensamiento colectivo, que la picardía o viveza criolla es una virtud, y que tratar de eliminar estos males es fantasioso o ingenuo.
Mansilla en su libro “El carácter conservador de la nación boliviana” escribe sobre los elementos político-institucionales heredados y mantenidos desde la colonia española, como el patrimonialismo, el nepotismo y el favoritismo, estos elementos son los principales responsables de crear una corrupción estructural. Y si analizamos nuestra actualidad, nos encontramos con los mismos problemas, es conocimiento de todos los bolivianos que, quienes ganan las elecciones se creen dueños y señores de la administración pública, excluyendo totalmente lo institucional y técnico, paradójicamente estos deberían ser los pilares de la administración Estatal.
Además, de manera general, podemos encontrar otros problemas, como el déficit de capacidad para aplicar conocimientos, prácticas y herramientas adecuadas a nuestro siglo, que resultan en procesos ineficientes y anacrónicos. También, el nivel de transparencia es prácticamente nulo (sin un sistema efectivo de rendición de cuentas y acceso a la información pública). Aunque existen proyectos de Ley y lindos discursos, no hay acciones. Todo esto parece desalentador, pero me permito volver al primer párrafo para recordar que lo que transforma el mundo es la voluntad humana, es decir, no hay imposibles.
Hoy contamos con herramientas valiosas como las tecnologías de la información y comunicación, que nos permiten conocer mejor nuestros derechos y defenderlos. También, nos sirve para estar conectados y compartir instantáneamente lo que vivimos, como las injusticias, la corrupción y el abuso. Las nuevas tecnologías son una gran oportunidad para combatir estos males arraigados durante siglos en una administración estatal ineficiente y obsoleta. Hoy tenemos la gran oportunidad de transformar la cultura estatal, exigiendo a los gobernantes un Gobierno Abierto, no es casualidad que durante los últimos quince años el mundo ha vivido transformaciones políticas y sociales lideradas por movimientos ciudadanos, gracias a las nuevas tecnologías.
Es menester recordar que, sin ciudadanos no hay Estado, el poder siempre está y estará en los ciudadanos, este poder es el responsable de realizar el cambio cultural en las organizaciones públicas, de exigir servicios de calidad, institucionalidad y transparencia en los asuntos públicos. No es inocente creer en este cambio cultural, lo que resulta inocente es pensar que esta transformación se generará desde adentro de la administración pública, es decir desde la élite gobernante, la transformación cultural del Estado boliviano tiene que ser una exigencia constante de los ciudadanos.
En Bolivia el control ciudadano despertó cuando atentaron contra su decisión electoral en el 2019 y le puso un alto al poder estatal, en ese tiempo se hablaba bastante de la defensa de la democracia, pero la democracia no es solo votar, los gobernantes gozan de legitimidad gracias al voto, pero son sus acciones los que determinan si son o no democráticos. La Carta Democrática Interamericana en su artículo 4 afirma que, “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”. Dicho de otra manera, el ejercicio pleno de la democracia también involucra a la gestión pública, los gobiernos deben tener la habilidad de atender de manera transparente y efectiva las demandas ciudadanas, proveer servicios públicos de calidad y solucionar los problemas de la ciudadanía.
Parece imposible pensar en una administración pública eficiente, competente y transparente hasta que se conoce la experiencia de otros países, los que ahora gozan de tener bajos niveles de corrupción, en algún momento fueron Estados corruptos. Los que fueron ineficientes, ahora son competitivos, y estos procesos han sido posible debido a la exigencia y el control de los ciudadanos hacia los gobernantes, a la maduración del concepto y aplicación de lo que significa realmente la ciudadanía. Incluso las monarquías que han logrado sobrevivir, se han transformado o adaptado a las exigencias de los ciudadanos, por eso es tan importante nuestra participación y control sobre la administración pública.
Si queremos progresar como país, es necesario mantener el control ciudadano despierto y exigir un cambio cultural, en base a valores y principios, como la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la innovación y la profesionalización de la función pública. En vez de exigir obras esporádicas, empecemos a exigir políticas públicas inclusivas y efectivas. El Estado debe dejar de enfocarse en evaluar solo la ejecución presupuestaria como resultado de gestión y evaluar el impacto social de las políticas públicas.
Como ciudadanos es nuestro deber recordarles a los gobiernos que administran el sector público, que ellos no son dueños de la administración pública, que el sector público al igual que el sector privado debe dar resultados y no solo discursos. Es el momento y tenemos las herramientas.
Por Fabiola Zambrana Pardo
Cientista política y abogada, fundadora y ex coordinadora nacional de la Red de Líderes por la Democracia y Desarrollo (RELIDD).
